Modificada y complementada por las leyes 24.050, 24.121, 24.131, 24.132, 24.170 y los decretos 2768/91, 827/92, 1452/92. Exposición de motivos. Antecedentes parlamentarios. Implementación y organización de la justicia penal. Funcionamiento de determinados órganos judiciales. Régimen de competencia penal. Extradición.
Tipo: Libro
Edición: 2da
Año: 1994
Páginas: 520
Publicación: 31/12/1993
ISBN: 950-508-378-5
Tapa: Tapa Rústica
Formato: 14 x 20 cm
Precio: $6000
Precio por mes: $300 (mínimo 3 meses)
Jurisprudencia Argentina, 30/8/95
El método de exposición escogido por los autores responde, básicamente, a los parámetros de la exégesis, que alcanza a todos y cada uno de los artículos que conforman el texto legislativo que ahora se aplica en el ámbito jurisdiccional nacional.
Esto resulta sin duda útil, toda vez que la actualmente vigente reglamentación del proceso penal que reemplazó la anterior, contenida en el llamado “Código Obarrio”, desde la perspectiva de la cultura jurídica bien puede inscribirse en la línea marcada respecto a la oralidad por los digestos provinciales que han seguido, en sustancia, la iniciada por el Código de Córdoba, obra de Soler y Vélez Mariconde.
Pensamos que también hubiera sido de utilidad establecer una concordancia interna. Aunque puede advertirse que en el cuerpo de los comentarios, en todo caso, tal tipo de concordancia aparece explicitada suficientemente.
Los comentarios exhiben la apoyatura de una proficua remisión a la mejor doctrina, tanto nacional como foránea. Esto no empece a que los autores desgranen sus propias posturas en los aspectos más novedosos o controvertibles del ordenamiento que analizan.
En cuanto a la jurisprudencia se refiere, los comentarios a los artículos iniciales del Código, de obvia relación con el ordenamiento constitucional, se encuentran ilustrados con relevantes fallos de la Corte Suprema de la Nación. Asimismo son frecuentes allí las puntualizaciones aplicativas del Pacto de San José de Costa Rica (vgr. ps. 6, 7, 9 y 10) referencia sin duda capital para tener por configurado un “modelo vernáculo” de proceso penal garantizador de los derechos humanos.
Respecto a los órganos judiciales que específicamente se han creado en paralelo al nuevo digesto nacional, se recurre en los comentarios a importantes fallos de la C. Nac. de Casación Penal (vgr. causas “Avila”, p. 537, etc.), como así especialmente de Tribunales Orales.
Por fin, oportunas remisiones a pronunciamientos de tribunales provinciales, en particular de Córdoba (vgr. causas “Fava”, p. 4; “Barrionuevo”, p. 7; “Bustos”, p. 11; “Agüero”, p. 174; “Arece”, p. 483, etc.) completan el aparato crítico jurisprudencial, especialmente aplicables al juicio común oral.
En este orden de facilitar el uso, quizá no resulte del todo conveniente consignar notas al pie de página, método más propio de otros tipos de obras. Empero -y bueno es destacarlo- tales notas demuestran inequívocamente la seriedad y enjundia con las cuales los autores han encarado la confección de su obra.
Párrafo aparte merece el Apéndice, lugar donde se transcriben textos de la Constitución Nacional, de los Tratados internacionales con jerarquía constitucional y de otras legislaciones complementarias.
No podemos cerrar esta reseña sin ensayar una somera apreciación valorativa sobre el trabajo que nos ocupa.
A nuestro juicio la obra llena cumplidamente las exigencias de los cánones propios de un código comentado: concisión, claridad, buena base doctrinal y actualidad jurisprudencial. Por tanto, constituyendo el criterio último de valoración el de la utilidad práctica, el trabajo reseñado no sólo acrecienta la literatura presente sobre el nuevo ordenamiento procesal penal nacional como dijimos al comienzo sino que, indudablemente, la enriquece.
Pedro J. Bertolino