Procedimiento administrativo de la provincia de Buenos Aires

Ley 7647, comentada, anotada y concordada con las normas nacional y provinciales

Competencia. Recusación y excusación. Potestad disciplinaria. Interesados, representantes y terceros. Domicilios. Escritos. Expedientes. Impulso procesal. Notificaciones. Plazos. Denuncias. Recursos. Actos administrativos. Caducidad. Normas complementarias y regímenes especiales.

  • Tipo: Libro

  • Edición: 1ra

  • Editorial: Astrea
  • Año: 1995

  • Páginas: 616

  • ISBN: 950-508-443-9

  • Tapa: Encuadernada

  • Formato: 15,7 x 23 cm


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            Obra imprescindible para conocer el procedimiento del derecho administrativo nacional, que consiste en una serie de actuaciones que la Administración pública debe llevar a cabo, cumpliendo con determinados actos que componen un conjunto de formalidades y trámites regulados tanto por la ley como por las distintas reglamentaciones. De allí que corresponda estudiar el ámbito de aplicación, la competencia del órgano, los requisitos esenciales del acto administrativo, la impugnación judicial de los actos administrativos y lo atinente a la tramitación de los expedientes (escritos, documentos, ntoficaciones, vistas, prueba y formas).
 

Ámbito Financiero, 19/12/95, p. XI

Con una introducción que expresa las nociones básicas sobre la materia y que ubican al lector dentro del contexto, particularmente si se trata de estudiantes, comienza el desarrollo de esta obra analizando artículo por artículo la Ley provincial 7647, acompañándola, en paralelo, con el articulado de la Ordenanza General 267/80 en el orden municipal. Además, al pie de la comparación de las disposiciones citadas se señalan las concordancias con el resto de las normas procedimentales de las distintas provincias y apuntando cuando los criterios difieren o son generalmente aceptados. Las referencias a la Constitución Provincial toman el texto ordenado en 1994.

Con esta estructura, la obra cumple con su objetivo de hacerla apta para los estudiantes, los abogados y los funcionarios, aunque limitarla sólo a los profesionales del Derecho puede resultar mezquino, pues el lenguaje, aunque técnico, es claro y accesible para otras ramas universitarias que necesiten comprender esta normativa.


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